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Fenats se abrió a deponer paro si Gobierno desiste en concesiones hospitalarias

(Fuente: Radio Cooperativa)

Oscar Riveros explicó que no están para modificación de contratos sino por revertirlos. 

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), Oscar Riveros, indicó que existe la posibilidad de deponer las movilizaciones gremiales encabezadas por personal de los hospitales del Salvador y Félix Bulnes, aunque mientras no haya un pronunciamiento oficial del Gobierno el llamado a paro nacional para este jueves 7 de agosto contra el sistema de concesiones sigue en pie.

Según explicó a El Diario de Cooperativa el dirigente, "si el lunes se resuelve el tema, se bajan las concesiones, evidentemente que vamos a evaluar el tema del paro del día 7, pero tenemos entendido que es recién una mesa técnica que va a juntarse a revisar aspectos de las concesiones en Chile".

"Estamos en una visión global de lo que significa la concesión", añadió Oscar Riveros aclarando que lo que persiguen al margen de los casos del Salvador y el Félix Bulnes, es el "retiro de los hospitales de la Ley de Concesiones".

El titular de la Fenats valoró las señales desde el Gobierno para revisar la normativa pero asintió que no están por la modificación de los contratos sino por revertir las concesiones que es "el fondo del tema", recordando algunos ejemplos recientes de sus falencias.

"Estamos hablando desde la práctica, tenemos dos ejemplos como La Florida y Maipú, donde tenemos enormes problemas y es cosa que la propia comunidad se exprese de la atención que están recibiendo en esos recintos que no están funcionando al 100 por ciento y sin resolución como debiera ser", recordó el dirigente gremial.

Oscar Riveros describió que dichos establecimientos "están en el aire", con falencias y errores de costo como los derivados de sus estacionamientos que incrementan las molestias a los pacientes.

Sobre las indemnizaciones que según el Gobierno impiden anular los contratos de concesión, desde la Fenats llamaron a considerar igualmente los recursos involucrados en la construcción de recintos, recordando que no sería la primera vez que el Estado deba pagar por errores de este tipo.

"Si hay un camino, que tiene un costo es verdad, pero el costo político y social que tiene avanzar en la construcción es tremendamente más grave que tener que pagar una indemnización que además es negociable", concluyó.

Tras 26 días de movilización, se espera que este lunes pueda vivirse una jornada clave ya que si se confirma que el gobierno replanteará el sistema de concesión del Hospital del Salvador, la movilización de los funcionarios locales y la convocatoria de la Fenats se suspendería automáticamente.

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CUT convocó a una nueva marcha nacional para demandar reformas laborales

(El Dínamo)

El consejo directivo de la organización acordó realizar la manifestación el próximo 4 de septiembre y anunció que desde octubre iniciará conversaciones con el Gobierno para conseguir grandes transformaciones.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal organización sindical de Chile, convocó a una marcha nacional para demandar “reformas laborales y grandes transformaciones”, el próximo 4 de septiembre, informó la entidad.

La convocatoria fue acordada en un consejo directivo nacional ampliado de la CUT, celebrado este sábado, dijo la presidenta de la organización, Bárbara Figueroa.

“Estamos convencidos de que un proceso de dialogo efectivo requiere también un alto nivel de agitación en las masas”, señaló la dirigente, en alusión a la política dialogante que la CUT ha mantenido con el Gobierno de Michelle Bachelet.

“De lo contrario podemos correr el riesgo de que las políticas sustantivas y estructurales necesarias para que Chile avance hacia un desarrollo pleno quede solo en manos de algunos pocos y no en la soberanía popular”, añadió.

Según Figueroa, el 4 de septiembre es una fecha cargada de fuerte simbolismo para el movimiento sindical, pues recuerda la elección de Salvador Allende como Presidente de Chile en 1970.

La fecha “representa un proyecto transformador, alternativo al neoliberalismo y es un elemento sustantivo de la demanda sindical, porque somos un movimiento que quiere grandes transformaciones para Chile”, precisó.

Remarcó que la CUT cree necesario superar el modelo económico basado en la acumulación de capitales, “dejando de lado el desarrollo del pueblo trabajador”.

El Consejo directivo de la CUT también acordó iniciar a partir de octubre un debate con el gobierno sobre las reformas laborales “que hemos esperado durante más de 30 años”.

Para Bárbara Figueroa, se requieren reformas “que no sólo beneficien a los trabajadores y trabajadoras en sus puestos de trabajo, sino que combatan la profunda desigualdad que nuestro país enfrenta”.

Para superar la desigualdad, “no podemos solo mirar la productividad como elemento fundamental, necesitamos también mejores condiciones para los trabajadores, que garanticen una economía que se sostenga no solo en la inversión extranjera o en los empresarios, sino que crezca también de la mano de sus trabajadores”, afirmó.

El futuro debate laboral, según la CUT, debe partir de una nueva institucionalidad, que garantice el “efectivo”, la negociación colectiva acotada a un plazo de 24 meses y el fortalecimiento de los sindicatos, con la eliminación de practicas antisindicales “que hoy se han transformado en la norma”, según Figueroa.

La dirigente subrayó que el diálogo y debate en torno a los proyectos que presente el gobierno, “irán de la mano con la movilización activa”.

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La lista negra de los sindicatos que no tienen derecho a huelga en Chile

(Fuente: El Mostrador)

Trabajadores acusan que nómina también se presta para hacer lobby.

En julio del año pasado, los ministros de Defensa, Trabajo y Economía de la administración Piñera pusieron la firma a un listado de 100 empresas cuyos sindicatos no tienen derecho a huelga.

Se trata de empresas “estratégicas”, una norma que hoy se encuentra en el artículo 384 del Código del Trabajo, en donde se establece que “No podrán declarar la huelga los trabajadores de aquellas empresas que: a) Atiendan servicios de utilidad pública, o b) Cuya paralización por su naturaleza cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional”.

Una nómina que los tres ministerios encargados evalúan año tras año, pero que los trabajadores consideran injusta, no sólo porque les impide tener una última herramienta en una negociación sino también porque consideran que se presta para que las propias empresas pidan ser incluidas en las listas.

A pesar de que en Chile existe el reemplazo en las huelgas –un hecho al que los trabajadores quieren poner punto final con una nueva legislación laboral–, Nolberto Díaz, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dice que “sin derecho a huelga los trabajadores se encuentran despojados de la única herramienta que en el mundo civilizado y democrático se le ha reconocido a la clase trabajadora como medio para avanzar en sus derechos económicos y sociales, y eso es negociar colectivamente: derecho a huelga; así lo entienden todos los países democráticos y todos los de la OCDE”.

“Por último, queda clara la imagen de la empresa si es que tenemos la opción de llegar a una huelga”, señala Jorge Figueroa, presidente del Sindicato N° 1 de Trabajadores de Chilquinta Energía S.A. Figueroa agrega que, al no contar con este derecho, los trabajadores deben solicitar un “arbitraje”, como última medida. “El arbitro recoge las propuestas de ambas partes y decide entre las dos, pero solicitar un arbitraje es millonario y los trabajadores no tenemos ese dinero; por eso no se hace”, comenta.

“El arbitraje obligatorio en excepcionales casos se resuelve a favor de la parte trabajadora. El árbitro debe ser financiado por la parte que pierde y en general las organizaciones sindicales terminan económicamente muy mermadas”, señala Karina Narbona, antropóloga de la Fundación Sol.

MIEDO AL LOBBY

En julio del año pasado, la resolución firmada por los ministros de Piñera señalaba que, además del listado, el gerente general de la Empresa Terminal Puerto Coquimbo S.A., en presentación de fecha 10 de mayo de 2013, solicitaba que la empresa por él representada fuera incluida en la lista, según señalaba el escrito, “en razón de habérsele adjudicado a ésta la concesión del frente de atraque Multipropósito del Puerto de Coquimbo”.

Narbona señala que “esto hace que sea un asunto sumamente discrecional, susceptible de verse directamente influenciado por la coyuntura política o por el lobby”, respecto de lo cual suma argumentos: “Muchas veces son las empresas las que solicitan que se les incluya en el listado”.

Nolberto Díaz opina que sin lugar a “dudas esta lista negra del Estado se ha prestado para el lobby de los poderosos de siempre, los empresarios… por eso están todas las eléctricas, distribución, generaciones, las del GAS, las sanitarias, los puertos, etcétera”.

Entre los sindicatos imposibilitados de hacer huelgas están, por ejemplo, los del Banco Central, GNL Quintero S.A. y GNL Mejillones S.A.; Metrogas S.A., Sociedad Austral de Electricidad S.A., Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.; además de otras, entre las que se cuentan también San Vicente-Terminal Internacional S.A. y Ferrocarril Arica-La Paz, empresas que pertenecen al grupo Luksic.

“¿Cómo va ser razonable que se incorpore a este listado a Gasco, por ejemplo –se pregunta Díaz–, que junto a Metrogas y sus filiales han sido condenadas por no pagar el sueldo mínimo? O sea, no cumplen lo más mínimo en la Ley y el Estado, además, les va a facilitar aún más la pega”, concluye.

La negociación al interior de los Ministerios ha sido dura. Mientras en Defensa el titular Jorge Burgos se inclinaba por no sumar más empresas a la lista, la situación no era la misma en las otras dos carteras. En Trabajo se pensaba incluso en disminuir la nómina, mientras en Economía el panorama era todo lo contrario. Sin embargo, en ninguno de los dos últimos Ministerios quisieron referirse al tema, hasta que la nómina sea publicada en el Diario Oficial este viernes.

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Excluyen a puertos de lista de empresas que no pueden ir a huelga

(Fuente: Pulso)

El Gobierno determinó quitarle el carácter de estratégico a los terminales del centro y sur del país: Central, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Panul y San Vicente. Con ello, sus trabajadores podrán ejercer el derecho a huelga. 

Sólo seis compañías fueron eliminadas este año del listado de empresas consideradas estratégicas en su funcionamiento, condición bajo la cual se les prohibía a sus trabajadores declararse en huelga. De un centenar de firmas con esta calificación en 2013, este año el gobierno determinó sacar a las concesionarias portuarias del centro y sur del país. 

Es decir, Terminal Puerto Coquimbo (con 20 trabajadores de planta), Terminal Pacífico Sur Valparaíso (377 trabajadores), San Antonio Terminal Internacional (316), Empresa Puerto Panul (61), Puerto Central (91) y San Vicente Terminal Internacional (454), ya no están en este listado exclusivo.

Todos los años, los ministerios de Defensa, Trabajo y Economía elaboran un listado en cumplimiento del artículo 384 del Código del Trabajo que publican en el Diario Oficial. En general en este grupo se encuentran empresas de servicios públicos como las sanitarias, eléctricas, proveedoras de gas, y el ferrocarril Arica-La Paz y el Banco Central, cuyo funcionamiento es vital para el desarrollo de la economía nacional.

Llama la atención que los puertos el año pasado estaban ubicados en este listado e igualmente estuvieron paralizados durante la temporada alta de exportaciones por un conflicto sobre el tiempo de colación.

Reacciones.

Desde la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, asociación que reúne a las más importante empresas operadoras de terminales del país como Agunsa (del grupo Urenda), Ultramar (ligada a la familia von Appen), SAAM (el brazo portuario de la familia Luksic) y Puerto y Logística, aseguran que la medida tomada por el gobierno no tiene justificación.

“No me parece buena la señal que da el gobierno. Es muy discutible. Además, esta legislación no tiene mucho sentido porque los trabajadores de algunas de estas empresas han parado a pesar de que la normativa no les permitía el derecho a huelga”, indicó Rodolfo García, vicepresidente ejecutivo de la entidad gremial, quien agregó que “lo cierto es que mientras se sigan permitiendo paros ilegales, la legislación no tiene sentido”.

García fue muy crítico respecto del listado: “Es un contrasentido que los puertos no estén incorporados en entre este tipo de empresas. Los puertos son tan estratégicos como la electricidad o las sanitarias. Me parece que es un error enorme. Con esta medida, el Gobierno sólo está diciendo que las empresas concesionarias pasan a regirse como cualquier otra, es decir estas compañías tienen que solucionar sus problemas con sus trabajadores bajo la normativa común”.

Una visión distinta tiene Robinson Ávalos, vocero de la Unión Portuaria de Chile, quien respalda la decisión. “Me parece bien porque se busca tener derecho a una mejor negociación. Esto va más allá de los paros, la posibilidad de huelga debería existir a raíz de los tratados que Chile ha ratificado a nivel internacional”, indicó. Asimismo, sostuvo que “si los paros sirvieron para lograr esto, entonces es muy positivo”.

PULSO solicitó al Ministerio del Trabajo una explicación por la exclusión de estas empresas, no obstante enlas autoridades declinaron hacer comentarios. 

Cabe recalcar que dentro de las concesionarias de puertos, sólo se mantuvieron en el listado las compañías de Arica, Iquique y Antofagasta. Esto, según explican fuentes conocedoras del proceso, se debe a los tratados que existen entre Chile y Bolivia para el movimiento de cargas por puertos nacionales.

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Poderes fácticos obligan a Chilevisión a bajar de internet programa sobre AFPs

(Fuente: Cambio 21)

El largo brazo de los poderes económicos: presión de auspiciadores coarta libertad de expresión en Chilevisión.

El problema que suele afectar a los programas, por los acuerdos que comerciales de las casas televisivas, tienen que ver con los auspiciadores, ya que son los que actúan como avales y que, por lo tanto, también imponen algunas de sus reglas. Esto se vio recientemente con el programa "En la Mira" de Chilevisión, que transmitió el capítulo "AFP al Desnudo" y que tenía como fin demostrar la diferencia que existe entre el promedio en la pensión que reciben los jubilados y las utilidades de las aseguradoras.

Como AFP Habitat es una de las auspiciadoras del canal, pidió que se borrara el video del programa de la página web del canal. Desde la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) manifestaron su malestar por la emisión del capítulo e hicieron ver al director ejecutivo, Jaime De Aguirre, que hubo falta de rigurosidad periodística en el informe. La respuesta del canal fue retirar todos los registros de la nota y que, por norma del canal, también se borró lo que estuviera relacionado con el capítulo en cuestión.

Con respecto a esta situación, el presidente del Colegio de Periodistas, Marcelo Castillo, en conversación con Cambio21 expresó que "nos parece preocupante que lamentablemente Chilevisión haya cedido a las presiones de las AFP y que no aclare esta situación en la que aparentemente habría presión de los auspiciadores".

El miembro del Instituto de Chile y miembro del Consejo de Etica de los medios de comunicación Abraham Santibáñez, en conversación con Cambio21 comentó al respecto que "lo que yo veo que si la presión hubiese logrado que el programa no se emitiera, ahí sí hubiese existido un intento de censura, pero el que no lo guarden plantea una situación distinta que habría que analizar, ya que no es obligación de los canales exhibir el material luego de emitido una vez".

En tanto que ex dirigente nacional del Colegio de Periodistas, Patricio Martínez, explicó a Cambio21 que "a mí los colegas de Chilevisón me contaron lo sucedido y efectivamente, después de la emisión del programa de las AFP hubo presiones a la dirección ejecutiva del canal para bajar el programa del sitio web, cosa que no había sucedido antes" y agregó que "esto afecta cuando se habla de profundizar la libertad de expresión en Chile y esto es dañino para eso, ya que se ve mezclado con el factor económico".

Presiones

Algo que resulta preocupante es que los auspiciadores tienen la posibilidad de hacer presión para que un trabajo periodístico sea cuestionado hasta borrarlo de los registros. Con estas acciones se podría hablar de una especie de censura, aunque en el caso de Chilevisión eso no ocurre porque el programa sí se emitió.

También cabe recordar que Canal13 pasó por un proceso parecido con el capítulo de "Gato por Liebre" del programa Contacto, en que se puso en duda los efectos de los yogurt Danone y que terminó con algunos despidos o renuncias y un acuerdo sobre indemnización y canje de publicidad.

Teniendo estos antecedentes, Castillo opinó que "el problema de fondo es que los auspiciadores están definiendo la línea editorial de los canales, lo que nos parece inaceptable".

Sobre esto, Santibáñez cree que "los canales han aprendido que la denuncia tiene que tener respaldo, pero si el programa estaba bien respaldado y no hay motivo para querella o denuncia, quiere decir que estuvo bien hecho y que es una acción injustificada el no mantenerlo".

Para Martínez las presiones de los auspiciadores sobre el trabajo periodístico es un tema difícil de abordar, sobre todo porque en el caso de Chilevisión se trata de un canal privado y declaró que "aquí entran a prevalecer otro tipo de intereses que tienen que ver con los aspectos éticos y abría que revisar la línea editorial del medio".

TV pública

Una de las posibles soluciones para este tipo de acciones, es la creación de canales públicos que permitan a los televidentes acceder y decidir si quieren o no ver algo sin que los auspiciadores puedan realizar presiones. Sobre esto, Marcelo Castillo dijo que "nosotros proponemos tener una televisión pública que no dependa del avisaje privado y que por lo tanto pueda tener una línea editorial independiente con una administración que no dependa del gobierno de turno".

En cuanto a la idea de la televisión pública, Abraham Santibáñez expresó que "hay dos problemas con esto, el primero es que mantener la investigación es caro y el segundo es que hay que ver qué seguridad hay en que el Estado no va a intervenir, ya que esto pasa en todas partes. Ojalá no dependieran de los auspiciadores, pero tampoco está demostrado que un sistema estatal sea mayor garantía".

Sobre el canal público, Patricio Martínez comunicó que "ayudaría en cuanto a que hay una opción más a la cual recurrir y se puede empoderar a la ciudadanía para que manifieste su preferencia por un canal. Un canal público no pertenece al gobierno de turno, sino al Estado y todos somos parte, lo que garantiza mayor información y diversidad editorial".

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Convocan a una nueva marcha contra Alto Maipo

(Fuente: El Desconcierto)

El próximo sábado 2 de agosto a las 11 horas en Plaza Italia se reunirán los manifestantes, quienes esperan que el proyecto pueda ser rechazado, tras su aprobación durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. 

Diferentes organizaciones en contra del emblemático proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, encabezadas por la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo (CCRM), convocaron a una nueva manifestación para el próximo sábado 2 de agosto en Plaza Italia. La citación es a las 11 de la mañana, para luego dar inicio al recorrido por la calzada sur de la Alameda, culminando en las oficinas centrales de Aguas Andinas.

La convocatoria se da en el marco de nuevas acciones por parte de la CCRM, quienes el pasado jueves 24 de julio realizaron, junto a parlamentarios y políticos de San José de Maipo, una solicitud a la Contraloría General de la República para fiscalizar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

La petición se debió ante un acuerdo entre Aguas Andinas y AES Gener, esta última dueña del proyecto, mediante el cual la compañía sanitaria entregó una porción de aguas a la empresa eléctrica. El problema está en que dichos derechos estaban afectos a la concesión sanitaria de agua potable, pero aun así fue autorizada por la SISS, tal como denunció la CCRM.

Asimismo, durante la semana pasada la Coordinadora sostuvo una reunión con el alcalde de San José de Maipo Luis Pezoa, en donde se abordó la problemática de Alto Maipo. En la oportunidad el edil manifestó que ya había solicitado una audiencia con la Presidenta, de manera de que pudiera dar garantías sobre los posibles impactos que ha generado el proyecto en la zona.

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